La "docencia" de Chávez
El voraz proyecto autoritario del presidente Hugo Chávez ha dado un nuevo y perturbador giro para ahogar la autonomía de los ciudadanos y las instancias independientes que subsisten en el país.
Esta vez se trata de una nueva Ley de Educación, con acentuado corte ideológico, centralista e intervencionista, impuesta por la mayoría automática que controla la Asamblea Nacional de Venezuela.
La iniciativa oficialista, de 56 artículos, impulsada de manera atropellada, violentó abiertamente las etapas típicas en la formulación de leyes dentro de cualquier parlamento democrático. Su texto fue sometido inesperadamente a discusión de la Comisión de Educación el miércoles 5 de este mes.
Su aprobación preliminar se produjo en la madrugada del viernes siguiente; la definitiva, el jueves13. Chávez la promulgó el sábado, y el domingo apareció en un número especial de La Gaceta venezolana. Así, en solo 11 días, un documento de tanta importancia pasó de ser un simple proyecto a consolidarse como ley.
Las preocupaciones y protestas de amplios sectores de la población están de sobra justificados. Tal como declaró Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, lo que se busca es imponer “un proyecto con marcado acento centralizador y contralor, que hace del Estado una especie de superestructura que va a regir todo el sistema educativo, un Estado hipertrofiado y monstruoso”.
Un artículo declara que la educación estará“abierta a todas las corrientes de pensamiento”, pero aclara que se fundamentará en “la Doctrina Bolivariana (así, con mayúsculas), Robinsoniana (relativa a quien se considera el primer maestro de Simón Bolívar) y en el humanismo social”, categorías todas sujetas a las definiciones y dictados chavistas.
El Estado, además, asumirá“la administración de la totalidad de los procesos de ingreso a las universidades”, y definirá“la inserción productiva de sus egresados”, en “correspondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, lo cual augura un claro intervencionismo sobre las decisiones de los centros de educación superior y sus graduados.
Para coronar el carácter arbitrario y vertical de la nueva legislación, el artículo 50 permite la “suspensión inmediata” de los medios de comunicación o programas que “produzcan terror en los niños, inciten al odio, violencia o que contraríen los sanos valores” del país.
Vía: La Nación. Costa Rica
Esta vez se trata de una nueva Ley de Educación, con acentuado corte ideológico, centralista e intervencionista, impuesta por la mayoría automática que controla la Asamblea Nacional de Venezuela.
La iniciativa oficialista, de 56 artículos, impulsada de manera atropellada, violentó abiertamente las etapas típicas en la formulación de leyes dentro de cualquier parlamento democrático. Su texto fue sometido inesperadamente a discusión de la Comisión de Educación el miércoles 5 de este mes.
Su aprobación preliminar se produjo en la madrugada del viernes siguiente; la definitiva, el jueves13. Chávez la promulgó el sábado, y el domingo apareció en un número especial de La Gaceta venezolana. Así, en solo 11 días, un documento de tanta importancia pasó de ser un simple proyecto a consolidarse como ley.
Las preocupaciones y protestas de amplios sectores de la población están de sobra justificados. Tal como declaró Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, lo que se busca es imponer “un proyecto con marcado acento centralizador y contralor, que hace del Estado una especie de superestructura que va a regir todo el sistema educativo, un Estado hipertrofiado y monstruoso”.
Un artículo declara que la educación estará“abierta a todas las corrientes de pensamiento”, pero aclara que se fundamentará en “la Doctrina Bolivariana (así, con mayúsculas), Robinsoniana (relativa a quien se considera el primer maestro de Simón Bolívar) y en el humanismo social”, categorías todas sujetas a las definiciones y dictados chavistas.
El Estado, además, asumirá“la administración de la totalidad de los procesos de ingreso a las universidades”, y definirá“la inserción productiva de sus egresados”, en “correspondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, lo cual augura un claro intervencionismo sobre las decisiones de los centros de educación superior y sus graduados.
Para coronar el carácter arbitrario y vertical de la nueva legislación, el artículo 50 permite la “suspensión inmediata” de los medios de comunicación o programas que “produzcan terror en los niños, inciten al odio, violencia o que contraríen los sanos valores” del país.
Vía: La Nación. Costa Rica
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