Cuidadanía, en inglés
La Comunidad Valenciana establecerá un registro para objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la impartirá, para los que la cursen, en inglés. Aparte de los problemas prácticos que semejante iniciativa planteará en el ámbito escolar, se trata de un paso más en la estrategia del PP de utilizar las comunidades en que gobierna no sólo como instrumento de oposición al Gobierno central (lo que ya es grave), sino de resistencia a la aplicación de las leyes.
El sistema autonómico permite que partidos derrotados en unas elecciones, como ahora el PP, conserven sin embargo un considerable poder a través de los Gobiernos de las comunidades. Debería ser un factor de equilibrio y estabilidad, pero el PP lo ha convertido en un elemento de desestabilización. La sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que reconoce a una familia el derecho a la objeción de conciencia para que su hijo no curse esa asignatura, ha sido recurrida ante el Supremo; otros tribunales superiores han resuelto en el sentido de negar que el derecho a la objeción de conciencia sea de aplicación al caso.
Sin embargo, el PP ha tomado esa sentencia no firme como bandera para boicotear de hecho la aplicación de una ley votada en el Parlamento. Lo hace con evidente mala fe, porque no hay razones (ni siquiera en la ideología del PP) para oponerse a una asignatura que se cursa en muchos países europeos. Pero también con hipocresía insuperable: el PP lleva años proclamándose defensor de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad en que residan, e incluso promovió, con motivo de la aprobación del nuevo Estatuto catalán, una recogida de firmas pidiendo un referéndum sobre la vigencia de ese principio. Pero no duda en estimular la rebelión de las autonomías contra una norma general obligatoria si cree que con ello puede desestabilizar al Gobierno.
Vía: El País
El sistema autonómico permite que partidos derrotados en unas elecciones, como ahora el PP, conserven sin embargo un considerable poder a través de los Gobiernos de las comunidades. Debería ser un factor de equilibrio y estabilidad, pero el PP lo ha convertido en un elemento de desestabilización. La sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que reconoce a una familia el derecho a la objeción de conciencia para que su hijo no curse esa asignatura, ha sido recurrida ante el Supremo; otros tribunales superiores han resuelto en el sentido de negar que el derecho a la objeción de conciencia sea de aplicación al caso.
Sin embargo, el PP ha tomado esa sentencia no firme como bandera para boicotear de hecho la aplicación de una ley votada en el Parlamento. Lo hace con evidente mala fe, porque no hay razones (ni siquiera en la ideología del PP) para oponerse a una asignatura que se cursa en muchos países europeos. Pero también con hipocresía insuperable: el PP lleva años proclamándose defensor de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad en que residan, e incluso promovió, con motivo de la aprobación del nuevo Estatuto catalán, una recogida de firmas pidiendo un referéndum sobre la vigencia de ese principio. Pero no duda en estimular la rebelión de las autonomías contra una norma general obligatoria si cree que con ello puede desestabilizar al Gobierno.
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