Agresiones a los Docentes

LA INSTRUCCIÓN A raíz de la alarma causada en el colectivo docente en noviembre del 2006 a causa de la agresión de unos padres al equipo directivo del CEIP Eduard Marquina de Barcelona, el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, dio órdenes a sus subordinados para que endurecieran las peticiones de condena de este tipo de conductas.

LA TIPIFICACIÓN Mena reclamó entonces a los fiscales que acusaran a los agresores de atentado en lugar de tipificar su conducta como lesiones, porque había un sólido amparo jurídico-penal para considerar a los profesores, médicos y enfermeros del sistema público como funcionarios cuando la violencia ejercida contra ellos guardaba relación con el ejercicio de su actividad profesional. Y citó en su auxilio cinco sentencias, dos del Tribunal Supremo, que avalaban su tesis.

LA CONTROVERSIA Después de la intervención de Mena, las asociaciones de magistrados calificaron de "forzada" la orden del fiscal jefe, que apoyó, en cambio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, y tal y como recordó un portavoz de Jueces para la Democracia, la decisión última quedaba en manos de los magistrados. Días después, la jueza que se ocupó de la agresión de la escuela Eduard Marquina calificó los hechos de los que fue víctima el equipo directivo del centro como un delito de atentado.

LA PROPUESTA Recientemente, y con vistas a la confección de programas para las próximas elecciones legislativas del 9 de marzo, CiU ha insistido en defender que tanto el personal docente como el sanitario tenga la consideración de funcionario cuando sea víctima de agresiones en su trabajo.

Vía: El Periódico de Aragón

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